El muchacho era el alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, que había ordenado demoler parte de una casita de Bertín Osborne construida en terreno rústico. La frase (concretamente parece que fue: La gente dirá que la Justicia es un perfecto cachondeo, o hará otra lectura, que el rico es el que gana los pleitos) fue debida a que el chalet de Osborne fue el único que no se demolió frente a otros 30 que sí se tiraron y que estaban en la misma situación ilegal (pero ue no eran de un famosillo). Le condenaron a 6 años de inhabilitación, pero luego el TS le dio la razón. Tanto que la parte de la casita de Osborne que era ilegal tuvo que demolerse. Eso sí, 10 años después.
Esto pasaba allá por el 85. Y en el 2010, el ex-presidente González decía: "la justicia está hecha unos zorros por el ganao que hay dentro". Según parece no le acusaron de nada.
Y ahora en el 2012, ¿qué se podría decir con la que está cayendo? Camps absuelto, Garzón condenado por los de la Gürtel. Y no sé qué me da más pena, si estas sentencias o sus fundamentos.
Y lo que nos espera: la renovación a imagen y semejanza del PP del CGPJ y del TC.
Pero no será porque no haya antecedentes.
Leo por ahí el siguiente resumen de las joyas que hay en los juzgados y magistraturas de España (y conociendo esos polvos, no deberían extrañar estos lodos).
Un juez juzgaba casos económicos que hacían referencia a empresas en las que participaban él y su mujer. Al final el escándalo era tan evidente que hasta los "auto-tolerantes" miembros del CGPJ le suspendieron durante 12 años. Pero ya se había pasado el plazo para la sanción (algo que ocurre con mucha frecuencia en las investigaciones del CGPJ como para que los malpensados sacaran conclusiones muy interesantes), se le anuló en el TS (otro tribunal con gran experiencia en anular sanciones a sus colegas).
Al menda ese, por cierto, no era la primera vez que se le sancionaba. Y dos veces. Por desatender y abandonar su puesto de trabajo (algo que en otros ámbitos implicaría su inmediato despido). En esas dos ocasiones el TS también le echó una manita.
Finalmente, en 2011 le jubilaron forzosamente por incapacidad. Menudo elemento debía ser para que los tolerantes miembros del CGPJ le declararan incapaz para juzgar.
Por no recordar al presidente de la Audiencia de Las Palmas, sancionado por "asesorar" a un narco que estaba siendo juzgado, además de que se le pilló "aconsejando" a los jueces que juzgaban al traficante para que lo dejaran en libertad (seguro que les juró que no se iba a escapar ni nada parecido).
A este también le salvó el pellejo el TS. El caso es que a los dos meses de volver a su puesto, y a punto de jubilarse, el CGPJ le expulsó directamente (rara muestra de decisión por su parte).
Y qué decir de aquella jueza de Úbeda que se fue a cambiar una colonia a un comercio. Como no aceptaron el cambio, les abrió diligencias ¡penales! (ya me la imagino: no sabéis con quién estáis hablando). El caso es que se libró con un año de suspensión.
La ONG Transparencia Internacional recuerda que en España el punto débil del sistema judicial es cómo se rinden cuentas del mal funcionamiento de los organismos judiciales. Y esa laxitud en las investigaciones y sanciones puede ser debida a la politización y cuotas partidistas de organismos como el CGPJ (que, recordemos, es el que nombra a los titulares de los tribunales más importantes).
Será por eso que el CGPJ sólo informa de los expedientes disciplinarios tan sangrantes que no se pueden esconder, como hace con el resto.
Porque yo no tenía ni idea de que sólo ente 2008 y 2011 hubo 5979 investigaciones. Eso sí, sólo se abrieron 204 expedientes y de ellos sólo 126 sanciones (de las cuales sólo una fue de expulsión).
Pero no hay que preocuparse, porque para esas sanciones está el TS, que parece ayudar siempre que puede: Desde 1998, sólo ha dictado 8 condenas por prevaricación (anulando la mayoría de las 30 condenas de tribunales inferiores, que constan desde 2003).
Por eso la jueza aquella de Marbella en tiempos del palurdo-facha Gil que ayudaba a las empresas de su familia que tenían negocios con el ayuntamiento. También la expulsó el CGPJ, pero (¿ya lo sabían?) el TS dijo que con 4 años fuera llegaba y ahora sigue en Torremolinos.
O el soborno al juez del caso Malaya, que se saldó con una condena de 2 años de cárcel y 12 años de inhabilitación. A la cárcel no fue y el TS le anuló la inhabilitación. Pero aunque no fuese a la cárcel (seguramente por ser su primer delito) seguía siendo un delincuente con antecedentes penales. Y se le permitió volver a un juzgado. Sí, a un juez condenado por aceptar sobornos!!
El chaval debe ser un poco lerdo (o creerse inmune) porque ya vuelve a estar apartado acusado de cohecho y prevaricación. Menuda joyita el nene.
¿Y qué decir de la heroína (no me refiero a la droga,¿eh?) de Intereconomía? a la que el rojerío persigue, no porque los trabajadores de su juzgado la hayan visto trabajar borracha o favorecer a sus "amigos especiales". Y la cosa no viene de ahora. Ya fue sancionada en 1999, en 2002, en 2003. En todos los casos (¿ahora también?) el TS le libró o le rebajó las sanciones.
Aunque hay quien gana a todo. Tenemos a un titular de una de las salas de la Audiencia Nacional (nombrado seguramente por el CGPJ) quien desde 2001 lleva 5 sanciones más dos expedientes por abuso y reconocer que iba a trabajar cuando le salía de las gónadas. Este también se libró (de pagar una multa de 8000€) por agotar los plazos.
Lo de agotar los plazos, decía que era algo habitual en los expedientes del CGPJ porque ese motivo también libró a otro perdonavidas. Resulta que el juez de turno tenía un cangallo de coche del 69 que no daba pasado la ITV. El muy mierda (les amenazó públicamente con hacerles la vida imposible) les reclamaba 18000€ por ir tres veces a pasar la ITV.
Un trabajo tan importante para un país como es la administración de la justicia, resulta que no tiene ningún mecanismo para evaluar la idoneidad psicológica de los jueces y magistrados. Nunca se les hacen análisis de salud mental. Así hay tal cantidad de fachas, opusdeístas y pervertidos (¿verdad, Calamita? Un candidato a las tres categorías) "velando" por el cumplimiento de las leyes.
En 2006 al CGPJ se le escapó en un informe que había en activo como mínimo 30 magistrados con problemas mentales. Y en 2008 la Comisión disciplinaria del CGPJ pidió que este asunto de la salud mental de sus señorías se tomara en serio. El pleno, ante tal descaro, dijo que ni hablar, que hacer eso crearía "alarma social".
Claro, que supiéramos que la justicia en España puede estar en manos de majaras y talibanes sería como para salir corriendo. Porque el cachondeo ya se acabó.
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